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    ¿Una estrategia de beneficios selectivos? Análisis de las decisiones del Gobierno y el octubrismo

    ByJuan de los Santos

    Jan 28, 2024
    ¿Una estrategia de beneficios selectivos? Análisis de las decisiones del Gobierno y el octubrismo

    En un informe reciente, la Contralora (s) Dorothy Pérez reveló un nuevo conflicto para el Gobierno al exponer el otorgamiento de pensiones vitales de gracia durante el año 2022. El informe señala que se entregaron beneficios a personas con condenas por delitos graves como estafa, narcotráfico, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, homicidio, violencia intrafamiliar, entre otros. La Contraloría encontró 58 casos, pero el Gobierno aumentó la cifra a 69 para demostrar “acuciosidad”.

    La ministra del Interior Carolina Tohá, al referirse a este informe, hizo hincapié en que el procedimiento ya estaba definido antes de que su Gobierno asumiera el cargo. Sin embargo, sus palabras parecen intentar desligar de responsabilidad a su Gobierno por otorgar estas pensiones sin verificar a quiénes estaban beneficiando.

    Este episodio se suma a una serie de casos en los que se han otorgado beneficios a personas relacionadas con el octubrismo, ya sea en actos de violencia o delincuencia. En cada ocasión, se asigna la responsabilidad a terceros y no se asumen las propias por parte de quienes tomaron las decisiones.

    Esto plantea la interrogante de si existe un patrón de conducta para beneficiar a actores del movimiento octubrista. Es necesario analizar y contextualizar este cuestionamiento para obtener conclusiones fundamentadas.

    En marzo de 2022, un día antes de asumir sus cargos, el actual Gobierno anunció la retirada inmediata de 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado dirigidas a los presos de la violencia ocurrida durante el periodo del estallido social en Chile. Además, se estableció una mesa de reparación para las víctimas de derechos humanos. Esto fue presentado como una promesa de su programa de gobierno para evitar la persecución injusta y desproporcionada.

    Antes de eso, en octubre de 2020, diputados del actual oficialismo presentaron un proyecto de ley para indemnizar a las “víctimas del estallido social”. La ley rebajó los estándares probatorios para considerar a una persona como víctima, con el fin de establecer la responsabilidad del Estado en casos de lesiones, mutilaciones y muertes durante las movilizaciones sociales.

    Posteriormente, surgieron los casos de indultos. Se reveló que algunos indultados tenían múltiples antecedentes penales y habían sido recomendados para no recibir el beneficio debido a un alto riesgo de reincidencia. Sin embargo, fueron indultados sin tener en cuenta estas recomendaciones. Esto generó críticas y se culpó a terceros por los errores, exonerando al jefe de Gabinete del Presidente y a la ministra de Justicia.

    Ahora, el informe de la Contraloría pone de manifiesto la falta de control interno en el otorgamiento de pensiones vitales de gracia. Además, se encontró que en 19 casos había inconsistencias entre el relato del caso y los antecedentes médicos que lo respaldan, lo que implica una responsabilidad del INDH.

    Ante estas situaciones, es difícil no considerar que existen demasiadas similitudes en las decisiones gubernamentales relacionadas con el octubrismo. Parece haber un intento de beneficiar a quienes participaron en este movimiento, teniendo en cuenta que Gabriel Boric resultó elegido Presidente de la República gracias al apoyo del octubrismo.

    ¿Será esto parte de la supuesta superioridad moral con la que asumió el Gobierno, como dijo el ex ministro Jackson? Es necesario analizar las decisiones de manera objetiva para llegar a una conclusión.

    Preguntas frecuentes:

    1. ¿Cuál es el conflicto revelado en el informe de la Contraloría?
    El informe revela el otorgamiento de pensiones vitales de gracia a personas con condenas por delitos graves como estafa, narcotráfico, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, homicidio, violencia intrafamiliar, entre otros.

    2. ¿Cuántos casos se encontraron en el informe de la Contraloría?
    La Contraloría encontró 58 casos, pero el Gobierno aumentó la cifra a 69.

    3. ¿A quién se le asigna la responsabilidad por otorgar estas pensiones?
    La ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló que el procedimiento ya estaba definido antes de que su Gobierno asumiera el cargo, pero sus palabras parecen intentar desligar de responsabilidad a su Gobierno por otorgar estas pensiones sin verificar a quiénes estaban beneficiando.

    4. ¿Existen otros casos relacionados con el octubrismo en los que se han otorgado beneficios?
    Sí, este episodio se suma a una serie de casos en los que se han otorgado beneficios a personas relacionadas con el octubrismo, ya sea en actos de violencia o delincuencia.

    5. ¿Se retiraron querellas por Ley de Seguridad del Estado?
    Sí, el actual Gobierno anunció la retirada inmediata de 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado dirigidas a los presos de la violencia ocurrida durante el periodo del estallido social en Chile.

    6. ¿Se estableció una mesa de reparación para las víctimas de derechos humanos?
    Sí, se estableció una mesa de reparación para las víctimas de derechos humanos.

    7. ¿Qué proyecto de ley se presentó en octubre de 2020?
    En octubre de 2020, diputados del actual oficialismo presentaron un proyecto de ley para indemnizar a las “víctimas del estallido social”. La ley rebajó los estándares probatorios para considerar a una persona como víctima.

    8. ¿Qué se reveló sobre los casos de indultos?
    Se reveló que algunos indultados tenían múltiples antecedentes penales y habían sido recomendados para no recibir el beneficio debido a un alto riesgo de reincidencia. Sin embargo, fueron indultados sin tener en cuenta estas recomendaciones.

    Enlaces relacionados:

    Gobierno de Chile