La Constitución Española de 1978 fue redactada con el objetivo de establecer un estado de derecho garantista y respetar la separación de poderes. Sin embargo, en los últimos años se ha observado una preocupante deriva política que ha puesto en peligro estos principios fundamentales.
Durante la última legislatura, se han alcanzado acuerdos con grupos separatistas que van en contra del espíritu constitucional. Leyes sensibles, como la Ley de Memoria Democrática, han sido pactadas con aquellos que se oponen al estado actual. Incluso decisiones como el estado de alarma han sido declaradas inconstitucionales por el alto tribunal. El indulto a los separatistas catalanes es otro ejemplo de cómo se ha puesto en entredicho la constitucionalidad.
Pero el colmo ha llegado con los acuerdos alcanzados con los separatistas catalanes para la próxima legislatura, que buscan una modificación constitucional de facto, violando el principio de separación de poderes y del estado de derecho. Estos pactos pretenden exigir responsabilidades a los jueces por las sentencias dictadas, invadiendo las competencias del poder judicial.
Este acuerdo supone plegarse al chantaje separatista y restablecer un estatuto que fue parcialmente derogado por el Tribunal Constitucional en 2010. Aquella norma era contraria al principio de igualdad y se extralimitaba en las competencias estatutarias, invadiendo las del Estado.
Además, el gobierno en funciones parece obsesionado con rebajar las mayorías cualificadas y eliminar la independencia en el nombramiento de determinados puestos. Parece huir del consenso que la Constitución establece.
Sin embargo, lo más deslegitimador es que se esté quebrantando el principio de igualdad económica. Estos acuerdos, bajo la apariencia de avances sociales, benefician a los más ricos en detrimento de las regiones más pobres.
Es imprescindible que los poderes públicos actúen éticamente y busquen la legitimación necesaria. No es digno indultar o suprimir delitos para favorecer a personas cuya aspiración sigue siendo la destrucción del Estado actual.
El presidente del gobierno en funciones muestra una extraña contradicción al defender su libertad de expresión, pero no permitir votar en conciencia a sus diputados. Estas acciones amenazan con desestabilizar gravemente la política española si no se corrigen a tiempo.
FAQ:
1. ¿Cuál fue la intención de la Constitución Española de 1978?
La intención de la Constitución fue establecer un estado de derecho garantista y respetar la separación de poderes.
2. ¿Qué deriva política preocupante se ha observado en los últimos años?
Se ha observado una deriva política en la que se han alcanzado acuerdos con grupos separatistas, se han violado principios constitucionales y se han tomado decisiones inconstitucionales.
3. ¿Qué pactos ponen en peligro la separación de poderes y el estado de derecho?
Los pactos alcanzados con los separatistas catalanes para la próxima legislatura buscan una modificación constitucional de facto, invadiendo las competencias del poder judicial.
4. ¿Qué impacto tienen estos acuerdos en la igualdad económica?
Estos acuerdos benefician a los más ricos en detrimento de las regiones más pobres, lo que quebranta el principio de igualdad económica.
5. ¿Cuál es la contradicción del presidente del gobierno en funciones?
El presidente defiende su libertad de expresión, pero no permite votar en conciencia a sus diputados, justificándolo con la disciplina del partido.