El Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido, se encuentra en la fase final de elaboración de la sentencia que respaldará la Ley del Gobierno de Pedro Sánchez que prohíbe al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) realizar nombramientos de jueces estando en funciones. La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, impulsada por el PSOE y Podemos, entró en vigor en 2021 con el objetivo de presionar al Partido Popular para la renovación del CGPJ, lo que afectó gravemente al sistema judicial.
El Partido Popular y Vox presentaron recursos de inconstitucionalidad contra esta reforma, los cuales fueron asignados a los magistrados de izquierda María Luisa Balaguer y Juan Antonio Xiol. Después de la salida de Xiol en la última renovación del Tribunal Constitucional, el magistrado conservador César Tolosa heredó la ponencia sobre este asunto.
Fuentes del Tribunal Constitucional afirman que se espera que la sentencia sobre la ley que prohíbe los nombramientos al CGPJ se dicte en las próximas semanas. Además, señalan que las ponencias de Balaguer y Tolosa podrían ser estudiadas en un Pleno en el mes de octubre.
Según las mismas fuentes, la ponencia de la magistrada Balaguer contempla desestimar el recurso de Vox y, por lo tanto, avalar la Ley del Gobierno de Sánchez. Por otro lado, la ponencia del magistrado Tolosa se inclinaría por estimar el recurso del Partido Popular.
Dado que el bloque izquierdista del Tribunal Constitucional cuenta con mayoría, cuando las dos ponencias sean llevadas a Pleno, se dictará sentencia respaldando la ley de Sánchez que impide los nombramientos del CGPJ cuando su mandato ha sido prorrogado.
En un principio, la reforma aprobada por el Ejecutivo impedía al CGPJ realizar cualquier tipo de nombramientos, pero luego se realizó una contrarreforma para permitir al Consejo designar únicamente a los dos magistrados correspondientes del Tribunal de Garantías.
Cabe recordar que el mandato del Consejo General del Poder Judicial expiró en diciembre de 2018 y que la falta de acuerdo entre PSOE y PP para su renovación llevó a la dimisión de Carlos Lesmes. El CGPJ tiene como funciones principales realizar nombramientos y exigir responsabilidad disciplinaria a jueces y magistrados, por lo que la reforma de Sánchez priva al Consejo de una de sus competencias clave.
Vox y PP alegaron en sus recursos que la tramitación parlamentaria de la ley impugnada podría contravenir la Constitución debido a defectos formales en su procedimiento y por vulnerar el principio de independencia judicial y la reserva de la Constitución para regular el CGPJ.
Mientras tanto, el sistema judicial continúa colapsado debido a la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Fuentes: Tribunal Constitucional, Libertad Digital