La Autoridad Bancaria Europea (ABE) ha publicado recientemente directrices para regular el proceso de contratación digital en el sector financiero dentro de la Unión Europea. Estas directrices entrarán en vigor el próximo 2 de octubre y buscan unificar los estándares de prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, así como garantizar la seguridad y competitividad de la industria financiera en la región.
En este sentido, la identificación del cliente es un aspecto clave en la prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo. Las entidades financieras deben obtener y analizar toda la información necesaria para verificar la identidad del cliente, lo cual implica costos operativos y de sistemas. Además, las contrataciones por internet se han vuelto una parte relevante del negocio en la actualidad, debido a los cambios en los hábitos de los clientes y la digitalización.
España ya contaba con una regulación clara para procesos de alta no presencial de clientes, pero ahora las entidades financieras también deben cumplir con las directrices de la ABE. Estas directrices establecen requisitos para la gobernanza de los procesos de identificación, así como medidas que deben implementar las soluciones tecnológicas utilizadas para el alta de los clientes. Por ejemplo, se sugiere incluir aleatoriedad en las secuencias de acciones que realiza el cliente para protegerse contra riesgos como el uso de identidades falsas o la coerción.
Es importante destacar que las directrices parecen relegar la opción de solicitar un primer ingreso desde la cuenta bancaria del cliente como una medida adicional de comprobación, en lugar de considerarla como una medida válida por sí sola. Sin embargo, esta medida está reconocida en la normativa española.
Estas nuevas exigencias en la contratación digital son parte de un esfuerzo más amplio de la Unión Europea para resolver las disparidades entre los Estados y mejorar la eficacia en la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Se espera que se apruebe un nuevo marco regulatorio integral en 2023, el cual incluirá la creación de una nueva autoridad supervisora europea, la Anti-Money Laundering Authority.