En el año 1934, surgió un conflicto entre los municipios de Santibáñez de Vidriales y Rosinos de Vidriales en España. Ambos lugares deseaban celebrar sus ferias anuales en las mismas fechas, lo que generó un enfrentamiento legal que involucró a abogados de renombre.
El Tribunal Provincial de Zamora falló a favor de Rosinos, pero ello no detuvo la batalla legal. Los bufetes de José Calvo Sotelo y el conde de Santa Engracia representaron a Santibáñez, mientras que el de Joaquín Ruiz Jiménez se encargó de los intereses de Rosinos. Estos abogados no solo alentaron a sus clientes a apelar, sino que también ridiculizaron las sentencias emitidas.
Finalmente, en enero de 1936, el Tribunal Supremo dictó una sentencia declarándose incompetente para conocer la demanda presentada por los vecinos de Rosinos. Además, afirmó que el Ayuntamiento de Santibáñez no tomó ninguna resolución con respecto a Rosinos que pudiera impugnarse.
A pesar de esta sentencia, Santibáñez continuó celebrando sus ferias en las mismas fechas que Rosinos, lo cual generó tensiones entre ambos municipios. La Feria de Santibáñez de Vidriales era de gran importancia, atrayendo a personas de la comarca e incrementando la actividad comercial en la zona.
Incluso después de la guerra civil española, el Ayuntamiento de Rosinos solicitó al Ministerio de la Gobernación que ordenara a Santibáñez dejar de celebrar las ferias en las mismas fechas que las tradicionales de Rosinos. Sin embargo, Santibáñez defendió el interés de su industria y comercio en sus alegaciones.
Esta disputa de las ferias entre Santibáñez y Rosinos no solo revela la importancia de estas celebraciones para ambos municipios, sino también el papel que los abogados desempeñaron en su resolución. A pesar de la sentencia del Tribunal Supremo, las tensiones persistieron entre ambas localidades durante muchos años.