La actitud cada vez más intervencionista del presidente Pedro Sánchez en la economía española está generando descontento entre las principales compañías del país. La Moncloa está planeando la vuelta de la participación pública en Telefónica para contrarrestar la irrupción de la empresa saudí STC. Además, el Gobierno mantiene un impuesto extraordinario a las empresas energéticas y bancos, evita la segregación de Naturgy en dos compañías y ha enfrentado la salida ruidosa de Ferrovial.
Cuando Pedro Sánchez llegó al poder en 2018, muchos creyeron que su falta de apoyo del sector empresarial permitiría un gobierno sin intervención económica. Sin embargo, con el aumento de su poder y éxitos electorales, su apetito por intervenir en empresas privadas ha ido en aumento.
Un claro ejemplo es el caso de Telefónica, que podría tener nuevamente participación pública para contrarrestar la entrada de STC. También se espera que Indra, controlada por el gobierno, se convierta en una herramienta utilizada por La Moncloa en el sector de las telecomunicaciones.
Además de Telefónica, otras compañías como Caixabank y BBVA también están preocupadas por la posible intervención del gobierno. El Gobierno de Sánchez ha tenido conflictos con empresas energéticas y bancos, se ha enfrentado a Ferrovial, ha evitado la segregación de Naturgy y ha mostrado falta de sintonía con Ana Patricia Botín, destacando la masculinización del Banco Santander y su apoyo a negocios relacionados con el carbón.
En resumen, el impacto de las políticas del gobierno de Pedro Sánchez en la economía española ha generado preocupación en las principales compañías del país. La intervención en empresas como Telefónica y las tensiones con el sector energético y financiero demuestran un cambio en la relación entre el gobierno y el sector empresarial.