En el aula DS9 de la carrera de Mercadotecnia Digital, los estudiantes descubrieron a un compañero de clase, Diego ‘N’, con un iPad que contenía alrededor de 160,000 imágenes íntimas, tanto reales como manipuladas, de unas 1,000 mujeres. Varias de estas mujeres eran alumnas de la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) Santo Tomás, del IPN.
A raíz de este descubrimiento, las estudiantes confrontaron a Diego exigiendo justicia, lo que llevó a la primera persecución legal por delitos de violencia sexual digital con el uso de Inteligencia Artificial (IA) en México. Esta situación representa un reto importante, considerando que el país carece de policías especializados en esta área.
La Ley Olimpia, aprobada en la Ciudad de México en 2019 y luego a nivel nacional en 2021, reconoce la manipulación de imágenes con Inteligencia Artificial como una forma de violencia digital. El Código Penal capitalino establece que comete un delito contra la intimidad sexual quien grabe, capture imágenes o elabore material de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento.
Sin embargo, existe una falta de capacidad en la Fiscalía de la Ciudad de México para abordar estos casos. Leslie Jiménez Urzúa, coordinadora de Proyectos en Impunidad Cero, destaca la falta de unidades especializadas y herramientas técnicas para llevar a cabo investigaciones adecuadas y proporcionar justicia a las víctimas.
El Índice de Desarrollo Digital Estatal (IDDE) 2023 estima que solo hay en promedio cuatro agentes de policía cibernética por cada millón de habitantes en México, quienes están a cargo de combatir delitos en el ámbito digital.
La lucha contra la violencia digital no es sencilla. A pesar de presentar denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el acusado fue liberado después de un fin de semana de detención. Las víctimas y activistas se manifestaron frente a la ESCA en busca de justicia y consciencia.
Finalmente, después de generar atención en redes sociales y medios de comunicación, Diego ‘N’ fue arrestado por elementos de la FGJ CDMX y acusado de delitos contra la intimidad sexual.
A pesar de estos avances, aún queda mucho por hacer. Las víctimas enfrentan dificultades para saber a qué instancia acudir y cómo recopilar pruebas. Además, no existe un mecanismo claro para solicitar información a las plataformas utilizadas para crear o distribuir este material.
La violencia sexual en el espacio digital es una violación de los derechos de las personas. Es necesario seguir trabajando en la protección y el enjuiciamiento de estos delitos para garantizar la justicia y el respeto a la intimidad de las víctimas.