Mi茅rcoles, 11 Octubre 2017 11:41

隆No son inconstitucionales!

Escrito por  Reinaldo Pared P茅rez
Twitter: @ReinaldoPared Twitter: @ReinaldoPared

A ra铆z del an谩lisis y discusi贸n del proyecto de ley de partidos, agrupaciones y movimientos pol铆ticos por diversos sectores de la sociedad y del cual se encuentra apoderado una comisi贸n bicameral del Congreso Nacional, para su correspondiente ponderaci贸n que deber谩 conducir a la rendici贸n de un informe que ser谩 conocido por ambas c谩maras congresuales, algunos temas de dicho proyecto han dado lugar a debates interesantes y encontrados, resaltando de manera fundamental, aquellos relacionados con la selecci贸n de candidaturas por los partidos pol铆ticos a trav茅s del m茅todo conocido como primarias abiertas y simult谩neas y el tipo de padr贸n electoral a utilizar en esos eventos eleccionarios.

Como es natural en ese tipo de situaci贸n controvertida, hay sectores que son seguidores y partidarios de dicha metodolog铆a de elecci贸n de candidatos por los partidos pol铆ticos, mientras que hay otros que se oponen a la implantaci贸n de la misma, sobre la base de que el establecimiento de ella ser铆a contraria a la Constituci贸n de la Rep煤blica.

Estas palabras procuran analizar los alegatos de la pretendida inconstitucionalidad de que adolecer铆an las primarias abiertas y simult谩neas, sustentadas por sectores partidarios y no partidarios.

En efecto, esos sectores fundamentan de manera b谩sica sus argumentos por una parte, en los predicamentos contenidos en una sentencia de la honorable Suprema Corte de Justicia, de fecha 16 de marzo de 2005, que declar贸 la inconstitucionalidad de la Ley No. 286-04, de fecha 15 de agosto de 2004, que establec铆a el Sistema de Elecciones Primarias mediante el voto universal, directo y secreto; mientras que, por otra parte, recurren a lo que dispone el art铆culo 277 de la actual Constituci贸n dominicana, por cuyo motivo nos centraremos en analizar de manera separada ambos argumentos.

SENTENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DEL 16 DE MARZO DE 2005.-

Antes de adentrarnos en las consideraciones y en el an谩lisis de la sentencia de que se trata, debemos dejar por sentado la premisa, de que al momento de evacuar su precitada sentencia que declar贸 la inconstitucionalidad de la Ley 286-04, la Suprema Corte de Justicia lo hizo fundament谩ndose en el texto de Constituci贸n del a帽o 2002, texto que en muchas de sus partes o ha sido confirmado, sustituido, modificado o en gran medida, ha sido renovado con novedosas situaciones por la Constituci贸n del 26 de enero del a帽o 2010, modificada 茅sta en un solo art铆culo por la Constituci贸n del a帽o 2015, por cuya raz贸n como se demostrar谩 m谩s adelante, la aprobaci贸n de una nueva ley por parte del Congreso Nacional a los fines antes indicados, no vulnerar铆a la vigente Constituci贸n de la Rep煤blica por contener las mismas disposiciones no contempladas en la del 2002.

Hecha la anterior precisi贸n debemos decir, que para declarar la inconstitucionalidad de la se帽alada Ley 286-04, la Suprema Corte de Justicia se fundament贸 en cuatro factores: a) Que violaba el principio de la irretroactividad de la ley previsto en el art铆culo 47 de la Constituci贸n del 25 de julio del a帽o 2002; b) Violaci贸n del derecho de asociaci贸n de los ciudadanos; c) Que la aplicaci贸n de esa ley implicaba la convocatoria de las asambleas electorales previstas en los art铆culos 89 y 90 de la Constituci贸n del 2002 y d) Que implicaba la erogaci贸n de fondos sin la identificaci贸n de los mismos, contrariando el art铆culo 115 de esa Constituci贸n.

De esas cuatro situaciones alegadas por la Suprema Corte de justicia para declarar la inconstitucionalidad de la se帽alada Ley 286-04, no nos referiremos a la 煤tlima de ellas, porque siempre ha sido un criterio invariable establecido en nuestras constituciones, que toda disposici贸n legal que disponga la erogaci贸n de fondos y no identifique en su texto la fuente de provisi贸n de dichos fondos, deviene autom谩ticamente en inconstitucional, lo que ocurri贸 en la especie.

Para consignar la declaratoria de inconstitucionalidad en los ordinales a) y b) arriba indicados, la entonces Suprema Corte de Justicia, se fundament贸 en los siguientes alegatos: 鈥淐onsiderando, que siendo un hecho cierto que los partidos pol铆ticos existentes al momento de promulgarse la Ley No. 286-04, cuestionada, se organizaron conforme a la legislaci贸n anterior, es decir, la que les permit铆a la nominaci贸n de sus candidatos a cargos electivos a trav茅s de sus convenciones internas y de conformidad con las disposiciones y modus operandi previstos en sus estatutos, resulta indudable que al disponer la nueva legislaci贸n que las convenciones primarias de los partidos pol铆ticos para la selecci贸n de las candidaturas en los niveles presidencial, congresional y municipal, se celebrar谩n de manera conjunta, cuatro meses antes de las elecciones generales, en el mismo proceso que organice la Junta Central Electoral y sus juntas electorales, el mismo d铆a, dentro de las mismas horas, usando los mismos colegios electorales utilizados en las elecciones generales y el padr贸n correspondiente, en coordinaci贸n con los partidos pol铆ticos, la referida disposici贸n, como se observa, vulnera no s贸lo el principio de la no retroactividad de la ley, establecido en el art铆culo 47 de la Constituci贸n, que tambi茅n proclama su necesaria consecuencia al precisar que 鈥渆n ning煤n caso la ley ni poder p煤blico alguno podr谩n afectar o alterar la seguridad jur铆dica derivada de situaciones establecidas聽 conforme a una legislaci贸n anterior鈥, sino tambi茅n el derecho que tienen los ciudadanos de asociarse pol铆ticamente con la 煤nica limitaci贸n de que sus tendencias se conformen a los principios establecidos en la Constituci贸n, al disponer que en lo adelante la escogencia de los candidatos se har铆a en elecciones primarias mediante el voto universal, directo y secreto en la forma que antes se ha indicado y no mediante el tradicional sistema de primarias internas de cada partido鈥.

SOBRE LA ALEGADA NO RETROACTIVIDAD Y A LA VIOLACI鈥漀 DE LA LIBERTAD DE ASOCIACI鈥漀 Y DE CONVOCATORIA DE ASAMBLEAS ELECTORALES.-

De la simple lectura del texto completo de la referida Ley 286-04, no se vislumbra en lo m谩s m铆nimo, que la misma pueda estar afectada del vicio de inconstitucionalidad por no retroactividad, pues en ninguna de sus disposiciones se hace referencia, a que la misma tendr谩 efecto hacia el pasado sobre las autoridades electivas ya electas, sobre todo si como se aprecia por la fecha de la indicada ley (15 de agosto de 2004), apenas hab铆an transcurrido tres meses menos un d铆a de la elecci贸n del Presidente y Vicepresidente de la Rep煤blica para el per铆odo 2004-2008, y las autoridades congresuales y municipales se encontraban en pleno ejercicio para el per铆odo 2002-2006.

En cuanto a la libertad de asociaci贸n, la Constituci贸n del 2002 consagraba la misma en el numeral 7) de su art铆culo 8, cuando establec铆a de manera textual, 鈥淟a libertad de asociaci贸n y de reuni贸n sin armas, con fines pol铆ticos, econ贸micos, sociales, culturales o de cualquier otra 铆ndole, siempre que por su naturaleza no sean contrarias ni atentatorias al orden p煤blico, la seguridad nacional y las buenas costumbres鈥.

Si se analizan los seis art铆culos que integran el texto completo de la repetida Ley 286-04, no encontraremos ni siquiera rastro alguno que vaya en la direcci贸n de atentar o violentar la se帽alada libertad de asociaci贸n. Todo lo contrario, en ella se armonizan la participaci贸n conjunta y combinada de los partidos pol铆ticos con la Junta Central Electoral, para la organizaci贸n y montaje del 鈥淪istema de Elecciones Primarias mediante el voto universal, directo y secreto鈥.

Ahora bien, la actual Constituci贸n trajo consigo la novedosa situaci贸n, que por primera vez se le dedica un apartado a los partidos pol铆ticos y cuyo texto se ajustar铆a plenamente a las disposiciones del citado proyecto de ley de partidos pol铆ticos. En efecto, nos referimos al art铆culo 216 el que 铆ntegramente copiado dice as铆: 鈥淧artidos Pol铆ticos. La organizaci贸n de partidos, agrupaciones y movimientos pol铆ticos es libre, con sujeci贸n a los principios establecidos en esta Constituci贸n. Su conformaci贸n y funcionamiento deben sustentarse en el respeto de la democracia interna y a la transparencia, de conformidad con la ley. Sus fines esenciales son: 1) Garantizar la participaci贸n de ciudadanos y ciudadanas en los procesos pol铆ticos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia; 2) Contribuir, en igualdad de condiciones, a la formaci贸n y manifestaci贸n de la voluntad ciudadana, respetando el pluralismo pol铆tico mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elecci贸n popular; 3) Servir al inter茅s nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de la sociedad dominicana鈥.

Si nos detenemos en lo que disponen los numerales 1 y 2 antes transcritos del referido artr铆culo 216 de la vigente Carta Magna, concluiremos inequ铆vocamente en que ambos textos guardar铆an perfecta armon铆a con la celebraci贸n de primarias abiertas y simult谩neas para la escogencia de las candidaturas por los partidos pol铆ticos a cargos electivos.

Otro de los considerandos arg眉idos por la Suprema Corte de Justicia para declarar la inconstitucionalidad de la citada Ley 286-04, es aquel en el que seg煤n ella se violentaban los art铆culos 89 y 90 de la Constituci贸n del 2002. Ese considerando textualmente transcrito dice as铆: 鈥淨ue, de otra parte, de conformidad con los art铆culos 89 y 90 de la Constituci贸n, las Asambleas Electorales se reunir谩n de pleno derecho el 16 de mayo de cada cuatro a帽os para elegir el Presidente y Vicepresidente de la Rep煤blica; asimismo, para elegir los dem谩s funcionarios electivos, mediando dos a帽os entre ambas elecciones脰; as铆 como que corresponde a las Asambleas Electorales elegir al Presidente y al Vicepresidente de la Rep煤blica y dem谩s funcionarios electivos; que sin embargo, la nueva ley pone a cargo de la Junta Central Electoral y de las juntas electorales, convocar, como se ha dicho, la celebracion de las convenciones primarias de los partidos pol铆ticos, a m谩s tardar cuatro meses antes de las elecciones generales, con el fin de seleccionar las candidaturas de los partidos y agrupaciones pol铆ticas para las funciones electivas; que al se帽alar la citada nueva Ley No. 286-04 que el sistema de elecciones primarias que ella instituye operar铆a con la participaci贸n de todos los electores, es decir del voto universal, obviamente que est谩 patrocinando una convocatoria de las asambleas electorales para que se re煤nan en fechas y con fines distintos a los indicados en las disposiciones constitucionales antes citadas, ya que 茅stas (las asambleas electorales) deben reunirse 煤nicamente el 16 de mayo de cada cuatro a帽os para elegir los funcionarios electivos de la Naci贸n, y no para seleccionar las candidaturas de los partidos participantes en el torneo electoral, por lo que por este motivo la denominada Ley de Primarias resulta tambi茅n no conforme con la Constituci贸n鈥.

Ahora bien, lo que se guard贸 a prop贸sito la Suprema Corte de Justicia de entonces, es que la parte final del art铆culo 89 de la Constituci贸n se帽alado por ella para su decisi贸n, dejaba abierta la posibilidad de la convocatoria de las asambleas electorales para los fines y prop贸sitos de la aludida Ley 286-04, cuando consagraba dicho art铆culo 89 que 鈥淓n los casos de convocatoria extraordinaria, se reunir谩n a m谩s tardar sesenta d铆as despu茅s de la publicaci贸n de la ley de convocatoria鈥. Es decir, en otras palabras, no es verdad que se violentaban las disposiciones de los art铆culos 89 y 90 de la anterior Constituci贸n del 2002.

VIOLACI鈥漀 ART脥CULO 277 DE LA CONSTITUCI鈥漀.-

Otro de los argumentos enarbolados por quienes se oponen a las primarias abiertas y simult谩neas para la elecci贸n de candidatos a cargos electivos por los partidos pol铆ticos, es aquel seg煤n el cual una disposici贸n a tales fines violar铆a el art铆culo 277 de la actual Constituci贸n.

隆NADA M脕S ALEJADO DE LA VERDAD Y DE UNA INTERPRETACI鈥漀 CORRECTA DEL ART. 277!

En efecto, como veremos a continuaci贸n lo que dispone dicho art铆culo es un impedimento al Tribunal Constitucional de examinar las decisiones de la Suprema Corte de Justicia que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, con anterioridad a la proclamacion de la Constituci贸n del a帽o 2010.

Ese art铆culo 277 de la vigente Carta Magna completamente transcrito reza as铆: 鈥淒ecisiones con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Todas las decisiones judiciales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, especialmente las dictadas en ejercicio del control directo de la constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia, hasta el momento de la proclamaci贸n de la presente Constituci贸n, no podr谩n ser examinadas por el Tribunal Constitucional y las posteriores estar谩n sujetas al procedimiento que determine la ley que rija la materia鈥. Como puede observarse, simple y llanamente este art铆culo le establece, repetimos, un impedimento al Tribunal Constitucional de revisar aquellas decisiones de la Suprema Corte de Justicia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, sobre todo en materia constitucional.

En definitiva y en conclusi贸n, las disposiciones previstas en el proyecto de ley de partidos, agrupaciones y movimientos pol铆ticos relacionadas con la implementaci贸n del sistema de primarias abiertas y simult谩neas para la elecci贸n de candidaturas a cargos electivos, en nada violentan el contenido de todo el texto de nuestra Carta Magna actualmente en vigencia.